Greenwashing en Construcción 2026: ISO 14001, EPD y Certificaciones Verdes
La directiva europea contra el greenwashing ya rige y Chile avanza con multas de hasta 9.000 UTM. Qué deben cambiar constructoras, inmobiliarias y fabricantes de materiales para que sus certificaciones verdes resistan el escrutinio.
Hasta ahora, la construcción se había mantenido casi al margen. Mientras las demandas por greenwashing ya golpearon a petroleras por exagerar su inversión en energías renovables, a marcas de moda y de artículos para el hogar por afirmaciones de reciclabilidad o compostabilidad, e incluso a corredores de créditos de carbono por vender reducciones de emisiones especulativas, el sector inmobiliario y de materiales de construcción seguía, según Construction Dive, «en gran medida aislado» de ese tipo de litigios. Eso está cambiando.
El 27 de septiembre de 2026 entró en aplicación la Directiva (UE) 2024/825 contra el blanqueo ecológico, y en Chile un proyecto de ley específico (Boletín 15044-12) ya superó la Cámara de Diputados y está en su segundo trámite constitucional en el Senado, con multas que podrían llegar a 9.000 UTM. Para una industria que vende sostenibilidad como argumento comercial (edificios «carbono neutral», materiales «eco», certificaciones verdes como sello de venta), el margen para una afirmación ambiental sin respaldo se está cerrando rápido.
Los términos que ya están en la mira
Según el análisis de Construction Dive sobre litigios de greenwashing en otros sectores, la mayoría de las demandas se concentra en los mismos términos vagos: «sostenible», «verde», «amigable con el medio ambiente» y «carbono neutral», usados sin un dato cuantificable que los respalde. Dos patrones adicionales aparecen una y otra vez: afirmaciones que cubren solo una parte del ciclo de vida de un producto (por ejemplo, hablar de «material sostenible» cuando solo el empaque es reciclable) y una dependencia fuerte en compensaciones de carbono en vez de reducciones reales y verificadas.
La Directiva (UE) 2024/825 convierte varias de estas prácticas en infracciones directas, sin necesidad de evaluarlas caso por caso: prohíbe presentar un producto completo como sostenible cuando el atributo ecológico es parcial, exige que cualquier promesa ambiental a futuro venga con un plan de implementación verificable y con metas y plazos medibles, y obliga a que cualquier sello de sostenibilidad se apoye en un sistema de certificación reconocido o en una autoridad pública, no en una autodeclaración de la propia empresa. El incumplimiento puede costar hasta el 4% de la facturación anual.
Compensar no es lo mismo que reducir
Un ejemplo público ayuda a entender el problema de fondo, sin que esto implique que hubo mala fe: en 2024, un edificio corporativo de uso mixto en Santiago Centro fue certificado como «carbono neutral» bajo el CarbonNeutral Protocol. La empresa calculó cerca de 2.800 toneladas de CO2 generadas durante la construcción y las compensó comprando bonos de proyectos sostenibles en Brasil, Guatemala y Coquimbo. Es un modelo de neutralidad perfectamente válido hasta hoy y muy usado en la industria, pero es exactamente el tipo de afirmación que la nueva directiva europea obliga a explicar con letra chica: una cosa es reducir las emisiones propias del proceso constructivo, y otra muy distinta es compensarlas comprando bonos en otro país. Bajo las nuevas reglas, decir simplemente «edificio carbono neutral» sin aclarar que la neutralidad se logró por compensación, y no por reducción, es precisamente el tipo de declaración que ya está generando litigios en otros sectores.
Qué está pasando en Chile en paralelo
Mientras el proyecto de ley de etiquetado y publicidad sostenible avanza en el Senado, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ya está actuando hoy, con la Ley N° 19.496 de protección al consumidor como herramienta: exige a las empresas hacer pública la evidencia técnica y científica detrás de afirmaciones como «100% ecológico» o «amigable con el planeta», a menos que cuenten con una certificación o un desglose claro del ciclo de vida del producto. El proyecto de ley que está en el Senado agrega capas adicionales específicas para el sector: prohibiría publicitar sostenibilidad a empresas condenadas por daño ambiental o sancionadas por infracciones graves de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) durante hasta cinco años, impediría presentar como logro voluntario una medida que la propia Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto ya exigía, y crearía un sistema oficial de etiquetado ecológico con pictogramas y códigos QR sobre reciclabilidad, huella de carbono, biodegradabilidad y uso energético. Usar mal ese etiquetado se consideraría publicidad engañosa.
Lo que sí sirve como evidencia: EPD, ISO 14001 e ISO 21930
La respuesta técnica a este escenario ya existe y no es nueva: se llama Declaración Ambiental de Producto (EPD, Environmental Product Declaration), normada a nivel general por ISO 14025 y, específicamente para productos de construcción, por ISO 21930. Una EPD no es una frase de marketing: es un documento verificado por un tercero independiente que cuantifica el impacto ambiental real de un material (cemento, acero, aislantes, hormigón) a lo largo de todo su ciclo de vida, con datos medibles y comparables entre fabricantes. Fabricantes de cemento de la región ya están emitiendo EPD para sus líneas de producto como forma de anticiparse a esta exigencia.
Para que esos datos existan de forma consistente y auditable, no basta con pedirle el documento al proveedor una vez: se necesita un sistema de gestión ambiental certificado bajo ISO 14001 detrás, que es justamente lo que su edición 2026 (publicada el 15 de abril de ese año) refuerza: mayor peso al desempeño ambiental medible, trazabilidad documental digital y una mirada que se extiende a toda la cadena de valor, no solo a las operaciones directas de la empresa.
El sello no basta si no hay datos operativos detrás
Chile lidera hoy la región en certificación de edificios verdes: un estudio de JLL (2024) contabilizó 282 proyectos certificados LEED en el país y 602.000 m² de oficinas certificadas en Santiago, frente a 584.000 m² sin certificar, con un 63% de las nuevas oficinas clase A de América Latina ya certificadas como verdes. El mismo estudio advierte algo clave para este momento regulatorio: la certificación es «solo un primer paso». Un sello obtenido en la etapa de diseño o construcción no dice nada, por sí solo, sobre el desempeño ambiental real del edificio una vez en operación, que es justamente el tipo de evidencia continua que las nuevas normas van a exigir.
Checklist práctica para constructoras, inmobiliarias y fabricantes de materiales
Primero, auditar cada afirmación ambiental vigente (fichas técnicas, sitio web, material comercial, cartelería de venta) y preguntarse, para cada una, qué dato verificable la respalda. Segundo, separar explícitamente, en cualquier comunicación sobre huella de carbono, lo que es reducción real de lo que es compensación. Tercero, avanzar hacia EPD bajo ISO 14025 e ISO 21930 para los materiales clave, en vez de sostener autodeclaraciones genéricas tipo «eco» o «sustentable». Cuarto, respaldar cualquier certificación de edificio (LEED, CES u otra) con datos operativos posteriores a la entrega, no solo con el diseño original. Quinto, revisar si la empresa o algún proyecto activo tiene sanciones vigentes de la SMA, porque bajo el proyecto de ley chileno eso inhabilitaría la publicidad de sostenibilidad hasta por cinco años. Sexto, preparar cualquier compromiso ambiental a futuro con metas medibles, plazos concretos y un plan de implementación, nunca como una promesa genérica sin fecha.
Qué hacer ahora
La construcción llevaba ventaja porque los litigios de greenwashing todavía no habían llegado con fuerza al sector. Esa ventaja se agota con cada mes que pasa: la directiva europea ya rige, Chile avanza su propia ley con multas específicas, y Sernac ya está pidiendo hoy la evidencia detrás de cualquier afirmación «ecológica». La pregunta que debería hacerse cualquier constructora, inmobiliaria o fabricante de materiales esta semana es simple: si alguien pidiera mañana el respaldo técnico de cada afirmación ambiental que aparece en sus folletos de venta, ¿existe ese respaldo, o es solo una frase que siempre funcionó?
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